17 de octubre: “Día de la Lealtad Peronista”

Como Día de la Lealtad se conoce en la Argentina a la conmemoración anual del 17 de octubre de 1945, día en que se produjo en Buenos Aires una gran movilización obrera y sindical que exigía la liberación del entonces coronel Juan Domingo Perón.

Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, creada a su pedido, Perón había promovido los derechos de los trabajadores. Una gran cantidad de manifestantes —en su mayor parte provenientes del sur del Gran Buenos Aires— ocupó el centro de la ciudad, especialmente la Plaza de Mayo, logrando la libertad del prisionero. Al año siguiente, Perón sería elegido Presidente de la Nación.

Según el historiador José Luis Romero el movimiento fue organizado por los sectores ya considerados peronistas, quienes con apoyo militar y policial organizaron el movimiento popular para conseguir el retorno de Perón.

Ese día es considerado como el del nacimiento del peronismo y uno de sus máximos símbolos, así como uno de los momentos más importantes de la historia del movimiento obrero argentino. Más allá del nombre dado por el Partido Justicialista, también es llamado Día de la Lealtad Peronista y 17 de Octubre.

En la madrugada del día 17 comenzó una movilización de los trabajadores de La Boca, Barracas, Parque Patricios y de los barrios populares del oeste de Capital Federal así como de las zonas industriales de sus alrededores. Fue muy importante el número de trabajadores que salió de Berisso, localidad cercana a La Plata donde había importantes frigoríficos, en la que estuvo muy activo a favor de la movilización el dirigente gremial Cipriano Reyes. También la secretaria de Domingo Mercante, Isabel Ernst, tuvo un rol importante como nexo entre Perón y los dirigentes sindicales. Los obreros no ingresaban a trabajar en las fábricas y talleres e iban recorriendo los establecimientos vecinos incitando a abandonarlos a quienes se encontraban en ellos para luego marchar coreando consignas en favor de Perón por las calles principales hacia el centro de la Capital Federal. La acción estaba apenas coordinada por algunos dirigentes gremiales que habían estado agitando los días anteriores y la principal fuerza de impulso provenía de esas mismas columnas que mientras marchaban retroalimentaban el movimiento.

Inicialmente la policía levantó los puentes sobre el Riachuelo que son el paso obligado hacia la Capital para quienes provenían de la zona sur (Avellaneda, Lanús, Quilmes, Berisso, etc.). Algunos manifestantes cruzaron a nado o en balsas hasta que, más tarde, los puentes fueron bajados. La policía, claramente favorable a Perón, no obstaculizó la marcha e incluso algunos de sus integrantes intercambiaron expresiones de simpatía con los manifestantes, cuyas consignas nada tenían que ver con el reclamo de la CGT sino que expresaban su apoyo a Perón y la exigencia de su liberación.

El presidente Edelmiro J. Farrell mantuvo una actitud prescindente. El nuevo ministro de Guerra general Eduardo Ávalos observaba a los manifestantes y se negó a movilizar las tropas del cuartel de Campo de Mayo que en unas horas podían llegar a la Capital Federal, como se lo pedían algunos jefes del ejército y el ministro de Marina. Ávalos confiaba en que la manifestación se disolvería por sí sola pero al comprobar que, por el contrario, era cada vez más numerosa, accedió a entrevistarse con Perón en el Hospital Militar. Tuvieron una corta reunión en la que pactaron las condiciones: Perón hablaría a los manifestantes para tranquilizarlos, no haría referencia a su detención y obtendría que se retiraran y por otra parte el gabinete renunciaría en su totalidad y Ávalos solicitaría su retiro.

A las 23:10 Perón salió a un balcón de la Casa de Gobierno. Agradeció su presencia, recordó su labor en el gobierno, informó sobre su pedido de retiro, prometió continuar defendiendo los intereses de los trabajadores y, finalmente, pidió a los concurrentes que se desconcentraran en paz añadiendo que, por esta vez, les solicitaba que cumplieran el paro del día siguiente.

A las 20:30 horas de ese día, el doctor Juan Álvarez había concurrido a la Casa Rosada para entregar una carta con los nombres propuestos para ministros junto con el currículum de los mismos y su aceptación para los cargos. Lo recibieron con estupefacción en medio del desorden que había en ese momento en el lugar, y lo despidieron con cortesía. La nómina constituía, según Luna, un escarnio para el país, pues incluía personas con antecedentes sumamente cuestionables. Así, a Jorge Figueroa Alcorta, propuesto para Justicia e Instrucción Pública, se lo relacionaba con un proceso que en 1942 había envuelto a cadetes militares; Alberto Hueyo, propuesto para Hacienda, había sido director de la CHADE cuando obtuvo una prórroga fraudulenta de la concesión; Tomás Amadeo, de Agricultura, era íntimo amigo del embajador Braden; y Antonio Vaquer, para Obras Públicas, había sido funcionario del presidente Ortiz en Coordinación de Transporte, una dependencia creada para salvar las empresas británicas de tranvías, en perjuicio de las empresas locales de colectivos.