Tal
como veníamos planteando con preocupación algunos intendentes y referentes
políticos del peronismos -por ejemplo, en oportunidad de ratificar el Pacto de
Padua en San Antonio de Areco o en el encuentro realizado por el Gobernador
Gildo Insfrán en su provincia de Formosa-, en el día de ayer el Senado de la
Nación finalmente aprobó la ley referente al denominado "Programa Nacional
de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados".
Desde
el Partido Justicialista de San Antonio de Areco queremos hacer llegar nuestra
opinión respecto de lo que analizamos como un gravísimo retroceso en las
conquistas alcanzadas a partir del cambio de paradigma en el Sistema de
Seguridad Social implementado desde el año 2003 en la Argentina.
El
fuerte impacto de inclusión social que generó la universalización del derecho
humano a la seguridad social, plasmado en la normativa que aprobara las
sucesivas moratorias (Ley 25.865, 25.994 y 24.476), encuentra antecedente en
los principios fundacionales del peronismo, en la Doctrina Social de la Iglesia
y naturalmente en los postulados que difunde el Papa Francisco en cuanto su
crítica a los sistemas políticos y económicos que se sustentan en la cultura
del descarte de los más desprotegidos, de los débiles, de los excluidos.
Un
sistema de tipo solidario, amparado por diversas normas internacionales, fue lo
que permitió incorporar a más de 2.500.000 adultos mayores que habían quedado
marginados, excluidos, descartados del sistema. Esa exclusión no fue por
responsabilidad de los afectados, como parece deducirse del proyecto que envía
el Poder Ejecutivo al devaluar el estatus del derecho jubilatorio y crear una
pensión universal mínima. Fue por las políticas que llevaron a la Argentina a
inusitadas tasas de desempleo, informalidad o precarización laboral. Los
adultos mayores que “no cumplen los requisitos”, por no tener los aportes
suficientes, no merecen ser cercenados en su derecho jubilatorio por el hecho
de haber sido víctimas de un sistema basado en la cultura del descarte.
El
gobierno nacional elimina a través de este proyecto -que increíblemente fue
apoyado por algunos peronistas- el componente más esencialmente humanista que
habíamos incorporado con esfuerzo, que es el de la solidaridad inter e intra
generacional. De esta forma se había logrado alcanzar una tasa de cobertura
previsional que llegó al 98%. Según todos los analistas, la más alta de
Latinoamérica.
Hasta
el 2003, gracias al sistema de las AFJP, el 70% de los adultos en edad de
jubilarse no cobraba nada. Durante los 12 años del kirchnerismo, a través de
las leyes de inclusión jubilatoria, la cobertura llegó al 98 por ciento. Lo que
propone el presidente Macri y apoyaron en el Congreso, es terminar con esta
política y reemplazarla por una “pensión” que solo asciende al 80 por ciento de
la jubilación mínima y no es heredable por el esposo o esposa. Es decir,
degrada el derecho en dádiva.
Hace
pocos meses, muchos intendentes, dirigentes políticos y referentes sociales
suscribieron el Pacto de San Antonio de Padua, como un compromiso para hacer
realidad los postulados de la encíclica Laudato Si, de nuestro querido Papa
Francisco, que conlleva la responsabilidad de cuidar la casa común; no solo
desde la perspectiva de la naturaleza, sino fundamentalmente en cuanto al
aspecto social, que garantiza que el hombre, en su dimensión integral, sea el
protagonista de un proceso más justo, más armónico y en definitiva, más humano.
Desde esa visión, a la que muchos adhieren de la boca para afuera, es que vemos
inaceptable que se pongan en juego, sólo para congraciarse con un nuevo
gobierno o para obtener alguna ventaja circunstancial, principios como la
universalidad en cuanto al acceso al Sistema de Seguridad Social, la
exigibilidad de un piso mínimo y estable para todos los habitantes, la
solidaridad inter e intra-generacional, la redistribución de la riqueza, el
fortalecimiento de la demanda de agregada y la sostenibilidad financiera del
sistema de Seguridad Social.
Lo
que se presenta como una reparación, es en verdad una promesa que no sólo no
está garantizada en cuanto a su cumplimiento, sino que pone en riesgo a los
trabajadores actuales y futuros jubilados. Por otra parte, se pone en jaque al
Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que fuera uno de los sostenes de las
políticas de promoción de la demanda e impulsor de las inversiones productivas
que garantizaron altísimas tasas de empleabilidad y que, por lo tanto,
sostuvieron un sistema de raíz solidaria y no sustitutiva de salarios, como los
sistemas de jubilaciones privadas que a la larga están llamados a quebrar: no
sólo como sistema de cobertura previsional, sino poniendo también en crisis
toda la economía nacional, en beneficio de los intereses financieros.
Dejar
en manos de esos intereses una emergencia previsional por tres años
(prorrogable por tres años más), vender las acciones del Estado en el Fondo de
Garantía de Sustentabilidad, devaluar el derecho jubilatorio para convertirlo
en una dádiva circunstancial y mínima, es coherente con quienes ahora disimulan
con supuestos “sinceramientos” el llamado a blanquear los dólares fugados y
ocultos en paraísos fiscales, a través de complejas figuras offshore. Es por
eso que el oficialismo se negó a incorporar en el “sinceramiento” a los
parientes de los funcionarios, muchos de los cuales ya están comprometidos en
los mundialmente famosos Panamá Papers o el caso del HSBC de Suiza.
Cuando
la Laudato Si nos enfoca en un modelo de producción que tenga al hombre, y no
al dinero, en el centro de la decisión política y económica, sin dudas no
contempla esta solapada privatización del fondo de garantía de sustentabilidad
(FGS), pretendiendo vender acciones de 50 empresas privadas y volcar el
producto de las mismas en herramientas del sistema financiero.
Es
por ello que cuestionamos la incoherencia de algunos legisladores que apoyaron
esta medida. No sólo por haber pertenecido muchos de ellos -en lugares
protagónicos- a un gobierno que durante 12 años incluyó trabajadores y
jubilados, a quienes además les incrementó el ingreso en más de un 1000% de
manera progresiva, sino por no renunciar a principios que dan sustento a todo
su bagaje doctrinario y a su pertenencia política.
Desde
el PJ de San Antonio de Areco creemos que lo que se ha votado propicia un
verdadero quiebre del sistema previsional, de la mano -por si fuera poco- de un
blanqueo que paradójicamente tuvo en muchos casos origen en fugas de divisas
ocurridas durante anteriores procesos de vaciamiento, motorizados por las
mismas políticas que hicieron crisis a partir de la implosión del sistema
previsional durante los años 80 y 90 en la Argentina.
Francisco
"Paco" Durañona
Intendente
de San Antonio de Areco
Presidente
del Partido justicialista de San Antonio de Areco
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